La Corte Suprema de Justicia, (CSJ) con la cooperación de UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, finalizó la tercera edición del Magíster en Derecho y Desarrollo Humano, desde la perspectiva de género, el que contó con la participación de 30 jueces y juezas.

“Esta especialización forma parte de una inversión que considero necesaria para la formación judicial desde la perspectiva de género, lo que  permite el análisis del derecho y del desarrollo humano evidenciando las desigualdades existentes”, afirmó Alba Luz Ramos Vanegas. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a Ramos, si bien es cierto fue un proceso educativo que desarrolló  las competencias teóricas, analíticas y prácticas para mejorar la calidad del trabajo, lo más importante del Magíster fue su estructura integral, en la que se fortalecieron las capacidades de las y los participantes en la protección y tutela jurídica de los derechos de las personas.

El evento contó con la participación de la Dra. Inmaculada Montalván, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España, quien destacó la necesidad de incluir la perspectiva de género en todos los niveles del ámbito judicial. “La labor de integración de la perspectiva de género no se limita al ámbito penal, sino que ha de alcanzar a todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, también a las normas que integran el derecho civil. El carácter estructural de la discriminación entre mujeres y hombres obliga a actuar en todo el ordenamiento jurídico – penal, civil, mercantil, agrario, laboral o administrativo - para así impedir que la discriminación prevalezca sobre los mandatos internacionales y constitucionales de igualdad real”, concluyó Montalván.

Por su parte, la Dra. Ramos asegura que “Este Magister está dirigido a la persona, pues quienes lo han vivido experimentaron un cambio personal en sus vidas; dotándolos de herramientas para relacionarse de una forma distinta con los usuarios, con sus colegas y familias.  En el ámbito socio cultural son conscientes que vivimos en una cultura de discriminación hacia la mujeres sustentada en roles y estereotipos que hay que cambiar”.

Además, considera que el desafío es evaluar periódicamente, cómo los conocimientos teórico-prácticos, cobran vida en sus sentencias, actuaciones y comportamientos, para que se traduzcan en la protección efectiva de los derechos de mujeres, niñas y niños.

Montalván agradeció al Fondo de Población de las Naciones Unidas por el apoyo técnico y financiero al proyecto. “Su contribución coadyuva al Poder Judicial nicaragüense en el camino de la implantación de los derechos humanos y de la perspectiva de género” finalizó.