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Jueces aprenden a ver a través de los ojos de mujeres vulnerables

22 Noviembre 2017

Estelí, Nicaragua. Michelle Zeledón, es una joven originaria del norte de Nicaragua, a sus 19 años cuenta con grandes responsabilidades para una persona de su edad, tiene una hija de 4 años y trabaja desde las 6:30a.m hasta 10:30p.m en una empresa tabacalera para mantenerla. Su madre y ella vivieron violencia de parte de su padre y cuando más lo necesito le dió la espalda.

 

“A mi papá lo metieron preso por violencia hacía mi mamá, violencia intrafamiliar y verbal porque también a nosotros nos trataba muy mal. Hubo un tiempo para semana santa que mi papá trató de matar a mi mamá” cuenta Michelle.

Ante una demanda de prestación alimenticia por parte de la madre de Michelle, el padre reaccionó negándose a continuar su aporte mandatado por la ley.

“Él interpuso una demanda en contra de mi hija para cesar los alimentos, ya no ayudarle a ella en nada, argumentando que ya no tenía nada que ver con mi hija porque había salido con su embarazo y que tuvo una niña. Él decía que su hija ya era “harina de otro costal” menciona Mayra Cabrera, madre de Michelle.

“A raíz de eso yo entré en depresión, pero yo dije por mi hija voy a salir adelante, no voy a retroceder, yo decidí seguir estudiando” asegura Michelle.

El Artículo 316 del Código de Familia de Nicaragua establece que se deben alimentos a los hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, a los mayores de edad, hasta que cumplan los veintiún años de edad, cuando estén realizando estudios.

 

“Al llegar ya el proceso al conocimiento de mi persona, en mi calidad de jueza de familia, le dimos toda la tramitación que corresponde pero poniendo siempre énfasis e interés en la adolescente por considerar que la condición de madre no es una limitante para que ella no sea beneficiaria de la pensión alimenticia por parte de su padre” responde Yorlin Matamoro, Jueza de Distrito especializada en Familia- Estelí.

“Me dí la tarea de leer bien la normativa con respecto a los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como también todos los instrumentos que nos permiten dar un análisis en nuestras sentencias para ir disminuyendo la discriminación hacia las mujeres, y en este caso por la condición de madre se quería limitar un derecho” asegura Yorlin.

 

El Magister

 

Juezas, jueces, magistrados, magistradas y asesoras y asesores  del Poder Judicial del ámbito civil y laboral, se graduaron de la Tercera Edición del  Magíster “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil. Foto: Francisco Escobar/CSJ.

 

Yorlin Matamoro es parte de un poco más de 100 jueces  juezas, jueces, magistrados, magistradas y asesoras y asesores  del Poder Judicial graduados del Magíster “Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de Género en el Derecho Civil”,  el que es  parte de la formación continua especializada  del Poder Judicial.

 

Por su parte, la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia asegura que “Este Magister está dirigido a la persona, pues quienes lo han vivido experimentaron un cambio personal en sus vidas; dotándolos de herramientas para relacionarse de una forma distinta con los usuarios, con sus colegas y familias.  En el ámbito socio cultural son conscientes que vivimos en una cultura de discriminación hacia la mujeres sustentada en roles y estereotipos que hay que cambiar” .

Desde el año 2007, UNFPA apoya a la Corte Suprema de Justicia en el fortalecimiento de su compromiso con la igualdad y la no discriminación en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, incorporando ambos principios en la administración de justicia, ya que forman parte de las normas constitucionales y de los tratados internacionales.

Yadira Centeno González, Magistrada y miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial comentó que “Como Poder Judicial estamos sumamente satisfechos por los buenos resultados de esta metodología tan integral pues sabemos, por las experiencias en la I y II Edición del Magíster, que quienes lo vivieron logran hacer una verdadera introspección y experimentan un cambio sustancial en el plano personal, relacional y social, que sin duda se traduce en un mayor grado de empatía con las usuarias y usuarios del sistema de justicia”, señaló Centeno.  

 

“Después del Magister puedo entender que esas circunstancias muy particulares de las mujeres si no se las reconocemos, entonces quién se las va a reconocer” aseguró Matamoro.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible instaló un horizonte estratégico a los Estados para la consideración prioritaria de la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y adolescentes dentro de sus objetivos, como lo establece el ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, incluyendo el  5.2 “Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas públicas y privadas, incluido el tráfico sexual y otras formas de explotación”.

 

 

Markus Behrend, Representante del UNFPA en Nicaragua reconoció a la Corte Suprema de Justicia su apuesta a que sus funcionarios participan en el magíster y tengan la oportunidad de fortalecerse como sujetos de derechos, tomando acción sobre las múltiples discriminaciones que viven niñas y niños, adolescentes, mujeres y varones.

“La Corte ha reconocido la importancia de juzgar con perspectiva de género, y por lo tanto, ha iniciado un proceso de implementación de la teoría de género y del fomento de los derechos humanos aplicados al derecho civil y la impartición de justicia, como una vía para mejorar la calidad humana de los servicios del Poder Judicial de Nicaragua” aseguró Behrend.Markus Behrend, Representante de UNFPA Nicaragua. Foto: Francisco Escobar/CSJ.

El Magíster tuvo una duración de un año e hizo uso de una metodología que combina los aspectos académicos relacionados con el género, con talleres de auto-conocimiento y crecimiento personal. Contó con docentes de España, México y Nicaragua. Las y los funcionarios que se graduaron de este  programa de estudios recibieron un Diploma del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de España, socio clave para hacer realidad esta iniciativa.